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El derecho a la privacidad


El derecho a la privacidad, aunque no se mencionó entre los derechos fundamentales en la Declaración de Independencia, fue ampliamente reconocido en la ley común, la cual sostiene que, "la casa de un hombre es su castillo". Antes de 1965 existían en Estados Unidos leyes que protegían contra actividades como infringir la tranquilidad física del individuo, registrar ilegalmente las posesiones de un individuo, someter a una persona a publicidad objetable, mentir sobre una persona y usar el nombre o la semejanza de otro sin permiso y para beneficio propio.

En 1965 la Corte Suprema cambió todo el concepto de privacidad cuando este se aplicaba al derecho de privacidad en materia de reproducción. Abolió una ley del estado de Connecticut que prohibía el uso de anticonceptivos entre casados basándose en la privacidad matrimonial. En 1972 dejó de existir otra ley en Massachusetts que prohibía la venta de anticonceptivos para las personas no casadas basándose en la privacidad individual.

En los casos de aborto de 1973 la Corte Suprema se apoyó intensamente en los derechos a la privacidad, desarrollados en los primeros casos, y concluyó que el derecho a la privacidad incluye el derecho de la mujer a abortar.

Los juristas han notado que en todo este desarrollo no ha habido una explicación sobre lo que incluye en el derecho a la privacidad. El resultado es que la Corte Suprema ha creado un derecho a la privacidad que no existía antes de 1965. Es tan elástico que se puede usar para abarcar acciones que de ninguna manera son privadas y que en realidad destruyen otros derechos fundamentales. Los fallos además legislan y no sentencian. Sentenciar es aplicar leyes pre-existentes y esta es la función de un tribunal.

El fallo de 1965, basado en la privacidad matrimonial, fue supuestamente dado para salvaguardar la integridad y los derechos de la familia. Los fallos posteriores que permiten la venta de anticonceptivos a solteros, el permitir que las mujeres casadas aborten sin el consentimiento previo del esposo o las menores sin el consentimiento de sus padres, e incluso sin su conocimiento; violan el derecho de la familia y desembocan en la desintegración familiar.

¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica con respecto a este amorfo derecho a la privacidad? Los teólogos moralistas generalmente están de acuerdo con las doctrinas de la ley tradicional con respecto a la privacidad, tales como la inviolabilidad del hogar y la reputación de una persona.

Sin embargo, al aplicar los derechos de privacidad a la reproducción humana, las cosas cambian considerablemente. La Iglesia considera las relaciones sexuales entre los esposos o fuera del matrimonio, una materia social con repercusiones sociales; no ha sido nunca un asunto privado. Necesitamos reflexionar solamente sobre el hecho de que el embarazo, un resultado común y corriente de las relaciones sexuales, introduce a otro ser humano a la sociedad.

Otro resultado común de las relaciones sexuales, especialmente las relaciones promiscuas, son las enfermedades venéreas e inclusive el SIDA, el cual tiene ramificaciones sociales considerables. No solo se trata de la pareja infectada, sino que esta enfermedad influye en la capacidad para trabajar, afectando la empresa que empleó a los enfermos o el sistema de prestaciones sociales que los tiene que ayudar. El personal sanitario resulta involucrado en el tratamiento y en los países que cuentan con servicios de salud pública los contribuyentes también resultan involucrados.

Como es bien conocido, la Iglesia sigue manteniendo que el uso de anticonceptivos6, incluso dentro del matrimonio, es inmoral. Al mismo tiempo la Iglesia sostiene "que la ley civil no puede abarcar todo el campo de la moral o castigar todas las faltas. Nadie se lo exige. Con frecuencia debe tolerar lo que en definitiva es un mal menor para evitar otro mayor." (No.20)7

La intromisión del gobierno en la intimidad de la familia podría constituir un mal mayor que el uso de anticonceptivos no abortivos. El usar o no usar anticonceptivos debería dejarse a la conciencia de la pareja.8

Cuando hay personas solteras involucradas, de algún modo, los legisladores no pueden lavarse las manos de toda responsabilidad con facilidad, sobre todo si hay menores de edad involucrados. Como se verá más adelante, las leyes tienen una característica educativa. Al poner los anticonceptivos al alcance de personas solteras, se les está diciendo que las relaciones sexuales les son moralmente permitidas. La enseñanza de la Iglesia mantiene que tal permisividad por parte del gobierno no se puede justificar sobre la base de los derechos a la privacidad.

La decisión de la Corte Suprema de que el derecho a la privacidad incluye el derecho al aborto, es inadmisible a los ojos de la Iglesia. Ningún derecho a la privacidad puede suplantar o anular el derecho básico de otra persona a la vida.

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